El signo de los tiempos es la incertidumbre. No sabemos si Estados Unidos y Europa resistirán la presión de la insatisfacción rusa; si el covid-19 ha sido vencido en forma definitiva; tampoco si el mundo tiene la capacidad para enfrentar una nueva pandemia. Existe la posibilidad de que la economía de Estados Unidos caiga en una recesión con consecuencias muy graves para la economía mundial.
Las incógnitas se multiplican cuando intentamos mirar al futuro de la democracia porque en los últimos quince años se han extendido y fortalecido partidos y corrientes políticas que cuestionan algunos de sus principios básicos como la igualdad ante la ley o el gobierno representativo. En Estados Unidos, en Europa y en América Latina el populismo y el autoritarismo comprometen la continuidad de la experiencia democrática.
Las transiciones a la democracia y la globalización de los años ochenta y noventa del siglo pasado produjeron inestabilidad y desconcierto, no obstante, eran vistos con ingenuo optimismo, en la creencia de que el desenlace de estos procesos culminaría en un mejor nivel de vida generalizado. Sin embargo, ahora los dilemas y las consecuencias negativas asociadas a esos procesos les han restado apoyo y popularidad. Más de uno de los países que vivieron un proceso de democratización ha regresado al autoritarismo, y la desaparición de las barreras nacionales a la circulación de bienes y servicios está sujeta a revisión; por ejemplo, ante el ascenso de China en el escenario mundial, Estados Unidos ha tomado la decisión de contener las exportaciones y las inversiones internacionales de ese país.
En América Latina la legitimidad de la democracia no ha sido cuestionada en términos precisos; pese a que los últimos diez años han sido de una notable inestabilidad. Van y vienen presidentes que fueron debidamente elegidos, pero no terminan su mandato por la presión de las movilizaciones de protesta en la calle, y partidos tradicionales se colapsan para beneficio de fuerzas políticas que rehuyen las reglas que por años rigieron la actividad de este tipo de organizaciones. En algunos casos esta inestabilidad ha desembocado en reinterpretaciones de los procesos electorales que tergiversan su sentido original, y el voto ha adquirido un carácter marcadamente punitivo. Se vota más para castigar que para elegir.
Muchos de estos fenómenos minan la credibilidad de la democracia y pueden atribuirse a que tampoco se han encontrado soluciones para alterar los dos rasgos más crueles de nuestros países: pobreza y desigualdad penden como la espada de Damocles sobre la continuidad de la democracia y han sido utilizadas como coartada por gobiernos que proponen un viraje autoritario. Pese a todo eso, no ha surgido una fórmula de organización del poder que pueda ser considerada como una alternativa legítima a la democracia.
La clave de la continuidad de las experiencias democráticas está en la preservación de la legitimidad de sus valores y de sus instituciones, incluso en momentos de grandes dificultades, en las que las respuestas de la democracia resultan insuficientes. Pero, no hay nada de qué asustarse, la historia de la democracia no ha sido fácil; más bien habría que reconocer que las democracias establecidas llegaron adonde están después de muchos conflictos, equívocos y tropiezos, violentos finales y dificultosas recuperaciones. De hecho, la democracia nunca ha satisfecho a nadie y, como apunta Pierre Rosanvallon, para muchos es una utopía siempre traicionada.
No obstante lo cual, sigue siendo el objetivo primordial de los actores políticos latinoamericanos. Según el informe del Latinobarómetro de 2021, la mayoría de los latinoamericanos está descontenta con el funcionamiento de la democracia que no ha resuelto ni la pobreza ni la desigualdad. Estos dos fenómenos que no son coyunturales, sino rasgos característicos de nuestras sociedades, alimentan poderosos argumentos contra la democracia y prestan credibilidad a fórmulas antidemocráticas.
Según Seymour Martin Lipset, la estabilidad de cualquier régimen depende, en buena medida, de dos factores: por un lado, la eficacia con la que se conducen los asuntos de gobierno; por otro lado, la legitimidad de la que goce el gobierno. El primer factor es de carácter instrumental, mientras el segundo es de carácter evaluativo. La legitimidad es el derecho que le reconocen los ciudadanos a un gobierno para ejercer el poder y se manifiesta en la aceptación espontánea de la autoridad, en la subordinación voluntaria a sus decisiones, incluso si no están estipuladas en la ley. No obstante, las consideran justas y correctas. La legitimidad es la proyección del consenso que existe entre el gobierno y la sociedad en relación con ciertos valores que tienen un carácter verdadero para una sociedad política y contiene, entre otros temas, la convicción de que las instituciones existentes son las mejores.
Entre legalidad y legitimidad existe una tensión que aumenta o disminuye dependiendo de la disposición del gobierno a apoyarse más en una o en otra. El carácter de “voluntario” es la principal diferencia entre lo legal y lo legítimo. Así, mientras la legalidad se refiere a comportamientos objetivos y concretos que pueden ser sancionados por la ley, la legitimidad es el atributo que induce a la aceptación voluntaria de las decisiones del gobierno, no es obligatoria ni se castiga en caso de que no haya tal aceptación. La legitimidad posee un componente subjetivo que no está presente en la legalidad, y que, por lo tanto, no puede ser el resultado de un decreto del Poder Ejecutivo; y sin embargo, es lo que han tratado de hacer los nuevos autoritarios, por ejemplo, al reescribir la historia patria conforme a sus propios intereses. Madame de Staël consideraba que un gobierno que buscara crear una “nueva obediencia” por la fuerza o imponer el consentimiento sería “infinitamente más tiránico que el simple despotismo”.
Un caso paradigmático de la fuerza de la legitimidad frente a la legalidad es el llamado del 18 de junio de 1940 del general Charles de Gaulle, quien sin tropas ni armamento logró imponerse al Estado que se había rendido a las tropas alemanas como líder y como representante legítimo de una Francia libre que él se inventó, pero que en la primavera de 1944 fue una realidad.
El consenso constitucional incluye reglas, normas e instituciones que dan sustento y continuidad a todo sistema político. Este tipo de legitimidad tiene como ventaja la solidez del arreglo legal e institucional; éste preexiste y continúa, sin importar el cambio de gobierno producto de las elecciones. Sin embargo, la legitimidad constitucional puede verse gravemente afectada por la legitimidad por ejercicio, cuando a ojos de los ciudadanos el gobierno es incompetente y no responde a las expectativas de seguridad y satisfacción de las necesidades básicas de la autoridad. El ejercicio del poder genera otro tipo de legitimidad, que no es necesariamente democrática. A ella recurren mandatarios que buscan subsanar una aparente falta de legitimidad constitucional —ya sea por elecciones cuestionadas, ya por un cambio abrupto de régimen, como en un golpe de Estado.
Como caso ejemplar puede citarse la experiencia mexicana del periodo de la hegemonía del PRI, cuando la estabilidad se apoyaba de manera fundamental en la capacidad de los gobiernos de este partido para mantener la estabilidad interna al mismo tiempo que promovían el crecimiento económico y el cambio social.
En cierta forma hemos olvidado el tema de la legitimidad por la prominencia que han adquirido entre nosotros votos y procesos electorales, como si cuando el origen del poder son las urnas y las boletas electorales, la legitimidad constitucional avalara el carácter democrático del poder que a partir de ahí se ejerce. También creemos que la legitimidad constitucional es firme e incontestable porque se sustenta en valores universales. Sin embargo, la realidad ha demostrado que la legitimidad que se deriva del sufragio no se mantiene intacta a lo largo del tiempo y que su constancia está a merced de los hechos, más concretamente, de las acciones que ejerce la autoridad para satisfacer las necesidades y las demandas de la ciudadanía, mismas que pueden profundizar o erosionar la legitimidad de origen.
Los actores políticos autoritarios han comprendido que la legitimidad constitucional es una sólida plataforma para acceder al poder y transformarlo a su conveniencia. Fueron investidos con la autoridad legal que deriva del voto mayoritario, pero para sobrevivir tienden a relegar esa autoridad a un segundo plano y a sustituirla con legitimidad política que, entonces, se impone a la legalidad. En su estudio sobre el totalitarismo, Hannah Arendt describe puntualmente cómo en Alemania en los años treinta, el Partido Nacionalsocialista puso en pie una gran aparato de propaganda para difundir las acciones de su líder, destacar sus aciertos y su voluntad redentora del pueblo. Por su parte, el líder agitaba el resentimiento que había alimentado entre los alemanes la derrota de 1918. La agresiva retórica de Adolfo Hitler logró destruir la legitimidad de la República de Weimar en harengas casi diarias en las que denunciaba a un supuesto enemigo interno —los judíos alemanes—, la existencia de pretendidas conspiraciones contra el pueblo alemán y la maldad de los enemigos en el exterior que, como la Unión Soviética, buscaban someter la soberanía alemana.
Nada hay de original en esta estrategia que ha sido muy efectiva en un contexto de fluidez de las fuerzas políticas que aprovechan los líderes para centralizar el poder desde donde se apropian de la soberanía popular, pero su supervivencia depende de su capacidad para crear una legitimidad distinta. Si fracasan, sus decisiones serán siempre de corto plazo.
Estos líderes han propiciado los giros perversos que ha tomado la democracia electoral que en el siglo pasado fue una promesa de libertad y justicia, pero ahora no son pocos los casos en que se ha convertido en una vía de destrucción de la democracia misma. En América Latina son varios los ejemplos de este tipo de evolución. El fin de la democracia ya no es un asunto de golpes militares ni de revoluciones violentas; sino que ocurre pacíficamente con el recurso a los mecanismos de la democracia electoral. El resultado es la instauración de un régimen autoritario, que reniega de los valores y de las instituciones de la democracia, renuncia a la legitimidad de origen y la sustituye con una legitimidad que pretende construir con base exclusivamente en el ejercicio del poder y en torno a la negación del pluralismo y al poder personalizado del líder.
La legitimidad de origen y la legitimidad por ejercicio no sólo son diferentes, sino que pueden ser contradictorias, adversarias y destructivas la una de la otra. La distancia que separa el origen democrático del poder de su ejercicio cuando el líder o el partido elegido es gobierno, puede presentarse casi en cualquier régimen de manera casi natural porque la realidad supera los supuestos constitucionales. No obstante, ha habido y hay casos extremos en que la distancia alcanza las dimensiones de una ruptura de los principios democráticos. Así hemos visto cómo en muchos casos la experiencia de la transición a la democracia no condujo directa y llanamente a regímenes democráticos, sino que han concluido en democracias “diferentes”, “iliberales”, “delegativas”, que sólo guardan las apariencias de democracia electoral.
En un mundo ideal el ejercicio de gobierno mantiene en el largo plazo —esto es, en la duración del mandato constitucional— el sello de su origen democrático, pero lo que los franceses llaman l’usure du pouvoir, el desgaste del poder, puede erosionar esa legitimidad. Es preciso mantener la claridad y el significado de los valores, los principios y las instituciones de una democracia verdadera para protegerlos y defenderlos de las ofensivas antidemocráticas, que se presentan como expresión de la voluntad popular.
En estos tiempos inciertos no podemos cifrar el futuro de nuestras democracias en la supremacía del liderazgo político, siempre volátil, frente a las certezas que ofrece una constitución democrática.
Soledad Loaeza
Profesora-investigadora emérita de El Colegio de México. Investigadora emérita del SNI. Obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2010. Su más reciente libro es A la sombra de la superpotencia. Tres presidentes mexicanos en la Guerra Fría, 1945-1958.