La investigación que emprendió el Congreso de Estados Unidos sobre la responsabilidad del presidente Donald Trump en los acontecimientos del 6 de enero de 2021, cuando una muchedumbre enardecida atacó el edificio sede del Poder Legislativo y amenazó la integridad física de legisladores y funcionarios, es una muestra de la fuerza de los mecanismos de que dispone la propia democracia para defenderse. Lo mismo podemos decir del drama que se produjo en Gran Bretaña, en el gabinete y en el Partido Conservador, provocado por la ligereza y los insolentes desplantes del primer ministro, Boris Johnson. También en ese caso, intervinieron las reglas de la democracia para frenar un deterioro institucional que parecía conducir a los británicos a sendas latinoamericanas. Ambas experiencias son especialmente relevantes en estos momentos en que tanto se habla de la muerte de la democracia.
La negativa del presidente Trump a aceptar los resultados oficiales de la elección presidencial —a lo que llama “la gran mentira”—, que llevó a Joe Biden a la Casa Blanca, desencadenó una auténtica crisis institucional que puso en peligro a la democracia americana. De haberse salido con la suya, Trump habría permanecido en la presidencia pasado el término constitucional de su mandato, gracias ya no al voto, sino a la violencia que ejercieron los grupos extremistas que apoyaban sus pretensiones. Se sabía con anticipación que Trump no estaba dispuesto a reconocer la legitimidad de la elección a menos de que le fuera favorable. Durante la campaña repitió una y otra vez que los demócratas se preparaban para robarle una supuesta victoria; por consiguiente, denunciaba las trampas en las que, según él, incurrirían instituciones y funcionarios electorales. Cuando su derrota fue una realidad, se amarró al consabido “Se los dije” y denunció un fraude que nunca pudo probar.
El reclamo fue el grito de batalla que esperaban las bases radicalizadas del trumpismo, que habían acudido desde diferentes estados de la unión para defender a su líder. Dispuestos a todo, muchos de ellos armados, los furibundos trumpistas se lanzaron con inusitada furia y violencia contra el Capitolio, atendiendo a los llamados al ataque de Trump mismo que los invitaba francamente a una guerra incluso contra su vicepresidente, Mike Pence, para impedir la continuación del proceso institucional y la certificación de la elección.
La policía no tuvo la capacidad de detener a la masa amotinada que entre empujones, golpes y patadas llegó hasta el Capitolio, al salón del Senado y a las oficinas de varios legisladores que habían huido empavorecidos, donde los atacantes destruyeron papeles y mobiliario. Mientras todo esto ocurría, colaboradores y hasta familiares del presidente, incluso su hija Ivanka, le rogaban que detuviera la catástrofe, que aceptara los resultados de la elección; pero él se negó a hacerlo durante más de tres horas. La negativa le planteaba un dilema a los funcionarios de la Casa Blanca, al fiscal general, al secretario de Defensa, a diferentes legisladores y a gobernadores que quedaron atrapados entre la defensa de la Constitución o la obediencia al jefe de las Fuerzas Armadas, al presidente, quien finalmente cedió contrariado y dispuesto a la venganza.
Un gran número de participantes y testigos del comportamiento y las reacciones del presidente Trump en esa primera semana de enero fueron interrogados por una comisión del Congreso, encabezada por la representante Liz Cheney. A pesar de ser ella misma miembro del Partido Republicano, actuó con seriedad e inteligencia, guiada por la determinación de defender el orden constitucional que Trump estaba decidido a violar con tal de permanecer en el poder. Cada una de las intervenciones de la representante Cheney fue una lección de Derecho Constitucional y de elegancia parlamentaria. No hubo insultos ni ofensas personales a los interrogados. La ecuanimidad y el respeto gobernaron las seis sesiones de la comisión que fueron televisadas. La sorprendente conclusión a la que lleva la investigación es que Donald Trump planeó y encabezó una conspiración para dar un golpe de Estado.
Al menos esa es la conclusión que imponen las declaraciones de un gran número de testigos, funcionarios de la Casa Blanca, pero también la fiscalía, miembros del gabinete y de la Consejería Jurídica de la Presidencia, así como del temible asesor de Trump, Steve Bannon. Todo indica que la violencia no fue espontánea, sino que el ataque al Capitolio estuvo cuidadosamente planeado y que Trump, terco como ha demostrado ser, se empeñó en echar abajo la elección. Poseído por una frenética negativa a aceptar la realidad, llamó a gobernadores amigos, a funcionarios de su gobierno, al vicepresidente Mike Pence, para pedirles, mejor dicho, para exigirles que modificaran los resultados de la elección. Fue tal la rabia presidencial contra este último cuando se negó a descalificar la elección, que Trump se sumó a los amotinados que exigían a gritos que lo colgaran.
Todavía no se sabe si los actos de Trump configuran delitos que pueden ser materia de investigación del Departamento de Justicia. Lo que sí sabemos es que la exhibición pública de los crímenes de este delincuente anticonstitucional, han comprometido seriamente su ambición de presentarse como candidato a la presidencia en 2024. Ahora no hay duda de que su interés personal está por encima del deber que tiene todo presidente de defender la Constitución.
El trumpismo seguirá vivo, pero hemos visto de cerca y en directo, el peligro que representan el populismo y los liderazgos personalizados para la democracia.
Las lecciones de Boris Johnson y la democracia británica serán tema de otro artículo.
Soledad Loaeza
Profesora-investigadora emérita de El Colegio de México. Investigadora emérita del SNI. Obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2010. Su más reciente libro es A la sombra de la superpotencia. Tres presidentes mexicanos en la Guerra Fría, 1945-1958.
Bueno, pero los gringos si saben ponerse de acuerdo para defender sus grandes Conquistas. Como la Democracia Liberal. A nosotros nos duele aceptar que una jugada sí fue penal, que no hubo fraude en 2006, o que firmar tratados internacionales como el TMec implica que se cumplan.
Cuando te leo, inmediatamente pienso ¿Porque no tenemos esta clase de educación para nuestros hijos?.
El verdadero problema de México no es el narcotráfico, los homicidios o la falta de medicinas, por supuesto que son problemas muy graves pero el mayor problema que arrastramos desde que el sueño de Vasconcelos «se pudrió», es la educación y la generación de oportunidades para los educados. Te felicito siempre que veo tu firma en un artículo me es imposible no leerlo…